Profesores a precio de ganga

El mercado laboral español ofrece progresivamente menos opciones de trabajo compatibles con una vida estable y la precarización se extiende de manera continúa a más sectores. Uno de ellos es la educación superior, donde cada día la falta de recursos para realizar de manera satisfactoria el trabajo y la ausencia de seguridad laboral es más profunda.

La necesidad de reflejar las condiciones laborales en el ámbito universitario surge a partir de la colección de anécdotas personales, cada vez más numerosas, que se asemejan y convergen con situaciones de trabajos indudablemente precarizados. La acumulación de este tipo de relatos individuales conduce a la conclusión de que lo que ocurre en la educación superior no es un problema de casos particulares sino que se trata de un problema estructural.

¿Qué está ocurriendo en la universidad española? ¿Le ha afectado la crisis económica? ¿En qué condiciones se están incorporando los nuevos profesores universitarios? ¿Explota la universidad a sus trabajadores? ¿Es la universidad un ámbito de trabajo precario?

En España, en las últimas décadas se había logrado que el aumento del prestigio y la consideración social del personal docente tuviera un impacto proporcional en las retribuciones económicas. Sin olvidar que los puestos con sueldos superiores al salario medio – como pueden ser las plazas de catedráticos – eran muy reducidos. Sin embargo, la relativa estabilidad lograda en la educación, que desterraba la histórica imagen del profesor que pasa hambre, ha sido muy efímera.

Las dificultades económicas del estudiante que decide iniciar su carrera profesional en la universidad comienzan en la etapa de doctorado. En los últimos nueve años las vías de acceso a becas y contratos para desarrollar la tesis doctoral se han deteriorado considerablemente. El Ministerio de Educación ha reducido las plazas y las universidades ofrecen hasta tres veces menos de las que otorgaban antes de la crisis. En el caso de la Comunidad de  Madrid, las becas de investigación desaparecieron en 2008.

El procedimiento habitual, tras presentar la tesis, era que durante una media de cinco años el profesor universitario ocupara puestos de acceso bajos en la jerarquía docente, como pudiera ser la actual figura del ayudante doctor. Estas plazas permitían a los nuevos profesores adquirir experiencia docente e impulsar su perfil investigador. A partir de esa etapa temporal se comenzaba a promocionar para acabar con un contrato estable dentro del equipo docente.

Pero este proceso se ha paralizado y los nuevos docentes e investigadores se encuentran enfangados en nuevos puestos creados para ahorrar, encadenando contratos temporales y mal pagados durante décadas, sin expectativas de poder acceder a algo mejor en el futuro.

Todos los docentes consultados para escribir este artículo han solicitado mantenerse en el anonimato por temor a que el relato de su situación pudiera tener consecuencias negativas sobre su trabajo. Un hecho ilustrativo de la cuerda floja sobre la que camina buena parte del personal universitario.

Los números de la universidad española

El último informe de la Conferencia de Rectores (CRUE) 2014-2015, sobre las universidades españolas, nos da algunas pistas sobre lo que está ocurriendo en la educación superior.

Si observamos la demanda en la universidad española, no hay ninguna alteración que justifique la reducción del personal universitario. Por un lado, en las universidades públicas la demanda total de estudios universitarios se mantiene estable. A pesar de que España tiene uno de los niveles de precios públicos más elevados de la Unión Europea y de la reducción de becas para el estudio. Y por otro lado, hay que tener en cuenta la apertura de nuevos grados y másteres, que han obligado a multiplicar las asignaturas y los ámbitos de trabajo e investigación. Precisamente por esta circunstancia se debería de haber registrado un crecimiento en los contratos de docentes e investigadores. No obstante, ha ocurrido lo contrario.

Entre 2010 y 2014 la financiación de las universidades se ha recortado 1.213 millones de euros, una pérdida que no se compensa con lo recaudado por las universidades con la subida de los precios públicos, que se quedó en los 419 millones. Los recortes en la educación superior no han afectado a todas las regiones del mismo modo, ya que el recorte de la financiación autonómica depende de las comunidades autónomas. La tasa de variación entre 2010 y 2014 indica que las comunidades que más han perjudicado a su propio sistema universitario, recortando más de un 20% han sido la Comunidad Valenciana, la Comunidad de Madrid, Cataluña y Castilla-La Mancha. Esta última ha sido la más golpeada, con un 47,72% menos de financiación autonómica.

La partida para gastos de personal se ha reducido en el conjunto de las universidades públicas españolas en el período 2010-2014. En total se han destruído 7.500 empleos, de ellos 3.486 corresponden al personal docente e investigador.

En España, el gasto en I+D ha continuado disminuyendo, hasta retroceder al nivel de 2007. España mantiene la tradición de situarse entre los cuatro países que menos invierte en investigación de la Unión Europea, muy por debajo de la media. Esta ausencia de inversión es similar en el ámbito público y en el privado.

La LOU: una ley para precarizar la universidad pública española

La oferta de plazas para la universidad pública se ha reducido hasta el punto de desaparecer en muchas de ellas, a pesar de que la demanda de profesores continúa creciendo.

Las tareas docentes que deberían cubrir los nuevos contratados – por jubilaciones o incremento de las asignaturas – se reparten entre los profesores que ya tienen los departamentos, sin que tampoco este aumento de tareas se refleje en su salario. Esta solución no es suficiente, ya que el trabajo que hay que cubrir es muy superior al que puede asumir el personal en plantilla.

La opción de acceder a un contrato indefinido ha quedado prácticamente bloqueada, así que para cubrir las necesidades de la enseñanza superior se ha puesto en práctica un destacable talento creativo, que ha conducido a la precarización del profesorado universitario. Entre las figuras propuestas en la LOU y las añadidas por las universidades, la educación superior se sostiene gracias al trabajo de profesionales tan variopintos como el agregado, el lector, el visitante lector, el ayudante lector, el ayudante específico o el ayudante de programa propio. A esta diversidad hay que sumar la reducción de contratos a 6, 5, 4 o 3 horas y a los contratados post-doc o al investigador visitante, a los que siempre se les puede conminar a que ‘echen una mano’.

Si nos adentramos en las condiciones específicas de algunas de estas figuras y de los tipos de contratos sobre los que se está sustentando la educación universitaria en España, el problema es mucho más serio de lo que parece a simple vista.

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Uno de los contratos más extendidos desde el inicio de la crisis es el del profesor asociado. Esta posición estaba pensada para ser ocupada por profesionales de prestigio que en un momento puntual impartieran una clase o una conferencia.

Sin embargo, en la actualidad estas plazas son ocupadas por jóvenes profesores que no tienen otra vía de acceso a la universidad. En función de la carga docente, el salario puede rondar los 300 euros y su labor ha superado la impartición de clases puntuales, para pasar a conducir asignaturas completas, es decir, para trabajar como cualquier otro profesor por una tercera parte del sueldo.

Con este jornal, los profesores asociados necesitan completar sus ingresos con otro trabajo para poder sobrevivir. Si la sobrecarga del trabajo universitario y su otro trabajo les dejan algo de tiempo, podrán dedicarse en las horas sueltas a hacer investigación gratuitamente. En esta situación, denuncian los afectados, es muy complicado tener una vida personal. Quedan pocas horas libres para dedicar a los amigos o a tu pareja y tener hijos es un escenario imposible.

Otro de los retoños de la nueva concepción de la universidad pública es el profesor sustituto interino.

La interinidad, por su naturaleza (disponibilidad, incorporación inmediata, períodos laborales inestables y temporales), debería conllevar una gratificación económica que recompensara esas circunstancias de trabajo tan incómodas. Sin embargo, esto no es lo que ocurre en nuestro país. La interinidad es uno de los ámbitos en los que más abusos laborales se producen.

Tradicionalmente, la universidad española no ha contado con la figura de un profesor interino, como sí ocurre en colegios o institutos. Pero en la búsqueda de la cuadratura macroeconómica, en las universidades de Andalucía se ha encontrado un buen aliado en la interinidad.

Siguiendo la tendencia de las soluciones económicas a la crisis, el profesor sustituto interino se ha convertido en una nueva forma de explotación. A pesar de la reiteración del nombre, los profesores que ocupan estas plazas ni cumplen tareas de sustitución ni son interinos. Han dejado de cubrir carencias temporales y excepcionales para dar respuesta a necesidades docentes permanentes. De nuevo, nos encontramos con profesores que trabajan tanto o más que los trabajadores de plantilla, pero por un salario considerablemente inferior y con unas condiciones laborales muy por debajo de lo que su actividad real requeriría.

Las plazas de profesores sustitutos interinos son ocupadas habitualmente por profesionales con una alta cualificación y con experiencia docente. Estos profesores se han encontrado en el desarrollo de su carrera académica con las vías de acceso ordinarias restringidas o, en algunos casos, suprimidas. Por la media de edad, la mayoría de los interinos tienen cargas familiares, de modo que, en una situación en tierra de nadie, son especialmente susceptibles de sufrir abusos laborales.

Pero la palma se la lleva el contrato por horas. Una práctica que se ha popularizado en las universidades españolas es contratar docentes por el tiempo exacto que duran las clases. Exacto. Es decir, se inicia el contrato el primer día que se imparte la clase y se acaba cuando llega un período vacacional, durante el cual el docente no cobrará nada, para volver a contratarlo con la reanudación de las clases tras las vacaciones. Hay docentes que han denunciado extremos en los que se designa la asignatura la misma semana que se firma el contrato.

En último término, el profesor universitario puede aceptar trabajar como profesor honorífico, una figura bajo la que la universidad le hace el favor al docente de permitirle dar clases sin cobrar ni un solo céntimo, ni contar con un contrato.

Una de las consecuencias de este proceso es que el sistema se ha pervertido de tal manera que para acceder a los puestos destinados a iniciados se requieren méritos de años de trabajo. De modo que, quien debería estar mirando hacia una plaza de profesor titular, se encuentra luchando por ocupar el puesto creado para un recién doctorado.

¿Qué tipo de universidad estamos construyendo?

Es complicado conocer el alcance del problema. Las estimaciones indican que el promedio de contratos precarios en las universidades españolas sobrepasa el 40%, que es el límite que establece la ley (LOU, artículo 48, pár. 5).

Ante el negativo futuro que ofrece la universidad pública, muchos docentes, especialmente los más jóvenes, están dirigiendo su mirada a las universidades privadas. Las condiciones laborales son algo mejores, pero para la mayoría de los profesionales consultados su prioridad es la universidad pública. El prestigio social y la posibilidad de desarrollar una actividad investigadora relevante son los principales factores que justificaban su preferencia, a pesar de que las retribuciones económicas sean inferiores. Sin embargo, la degradación del sistema público ha provocado que muchos de ellos desistan.

Los docentes advierten de que un riesgo de la promoción de la universidad privada, desde el punto de vista científico, es la poca importancia concedida a la investigación. En España, las universidades privadas otorgan una preferencia desproporcional a la docencia y muy pocas favorecen las actividades investigadoras o respaldan a los profesores para desarrollar un perfil investigador a medio y largo plazo.

Los profesores no pueden ser pobres

El mito de que el profesor universitario cuenta con unas condiciones laborales privilegiadas constituye uno de los principales aliados de la precarización que sufre el sector y un obstáculo para la solución del problema. Las asociaciones de docentes y los propios docentes coinciden en que existe una gran distorsión entre la percepción que tiene la sociedad sobre las condiciones de trabajo en la universidad y las circunstancias reales. Esto impide generar empatía hacía los afectados y llega a convertir el empobrecimiento de los trabajadores del sector en un tabú.

La precarización y la inseguridad laboral tienen consecuencias personales y profesionales. Los trabajadores que dependen de contratos, como los recogidos anteriormente, explican cómo se pierde la noción del fin de la jornada laboral, cómo progresivamente desaparecen los espacios de ocio y la vida queda reducida al trabajo. El encadenamiento de contratos por períodos cortos deja al docente en una situación de incertidumbre, siempre temeroso de que no se renueve, y sin posibilidad de hacer planes más allá de la duración del mismo. Esta constante amenaza blinda al empleador contra posibles denuncias y explica el miedo de los afectados a hablar públicamente de su situación.

La desmotivación por la falta de incentivos y el progresivo empeoramiento de las condiciones laborales exigen una gran fortaleza psicológica. El colectivo Indocentia advierte de cómo las dinámicas que empiezan a dominar en la universidad provocan “ansiedad, desgaste psíquico, incertidumbre y culpa”.

La sensación de fracaso y la pérdida de confianza en uno mismo son efectos habituales entre quienes se enfrentan a entornos laborales precarios. En el caso de las situaciones más extremas se agrava con enfermedades derivadas de la falta de descanso.

El impacto personal va inevitablemente unido a los efectos sobre la calidad de la enseñanza. El desmesurado incremento de las horas de docencia rebaja la calidad de la enseñanza universitaria por una doble vía. Por un lado, el exceso de trabajo obliga a dedicar menos tiempo a preparar cada clase, a lo que hay se debe añadir el progresivo desgaste de la motivación, una cualidad imprescindible para lograr estimular a los alumnos. Por otro lado, la reducción de un ya exiguo campo para la investigación sitúa a la universidad española en un estadio de estancamiento, que en un par de años, se transformará en retroceso.

Finalmente, algunas voces también han alertado sobre el riesgo de control ideológico que conlleva la precarización del trabajo docente universitario. El profesor de Filosofía del Derecho de la Carlos III, Rafael Escudero, apuntaba en un artículo que “bajo este sistema el personal docente e investigador siempre estará a expensas de las decisiones sobre renovación.” Estas decisiones dependen de la minoría que sí tiene contratos estables, de manera que “decidirán el perfil de la docencia y la investigación en los centros universitarios”.

Otra dimensión del control ideológico de este proceso de empobrecimiento es que el requerimiento cada vez más habitual de trabajar por poco dinero, o incluso de manera gratuita, vetará la entrada de docentes en la universidad procedentes de clases económicas que no pueden permitirse sobrevivir sin ingresos durante largos períodos de tiempo.

La enseñanza superior española se enfrenta a un escenario amenazante para su existencia tal y como la conocemos. El resultado de las transformaciones hechas hasta el momento, bajo la pretensión de mejorar la calidad, han deteriorado sustancialmente el sistema público universitario. Las consecuencias negativas que este proceso tendrá sobre toda la sociedad son el mejor aliciente para romper con el desconocimiento de la situación, el miedo a denunciar y la escasa solidaridad dentro de la propia comunidad de docentes, unas tendencias que han dominado el escenario universitario.